Observatorio Ciudadano Laboral exige a Claudia Rivera cumpla sus promesas de campaña.
· Prometió revertir privatización de los servicios del agua, frenar ola de asaltos, bajarse el salario al 50 por ciento y regular el comercio informal.
· Se manifiestan contra la convocatoria de la elección en juntas auxiliares por violentar usos y costumbres de las comunidades originarias de San Miguel Canoa y La Resurrección.
· Exigen a Claudia Rivera no ponga obstáculos a candidatos, al imponer tres documentos que expiden instituciones públicas, como la constancia de vecindad, antecedentes no penales y de no habilitación.
· “Permitir que las unidades habitacionales de la capital tengan derecho al voto en las juntas auxiliares, atenta contra los liderazgos locales y la organización política de la propia comunidad”.
Que la presidente municipal de Puebla Claudia Rivera Vivanco cumpla sus promesas de campaña, demandó el Observatorio Ciudadano Laboral durante su primera conferencia de medios, en la que destacaron que la alcaldesa de MORENA, prometió revertir la privatización del servicio del agua potable, dotar de seguridad a la comunidad estudiantil, frenar la ola de asaltos a usuarios del transporte público, bajarse el salario al 50 por ciento y regular el comercio informal en el primer cuadro de la ciudad, pero que lamentablemente ha incumplido a casi cien días de administración.
Acusaron que Actualmente, Puebla capital se ubica dentro de los 11 municipios del estado con los índices delictivos más altos, a pesar de la presencia de la llamada Guardia Nacional, ocupando primeros lugares también en robo de combustible y asalto violento a trenes.
Destacaron que esta demanda no sólo proviene de organizaciones sociales, sindicales y cámaras empresariales, sino de la población en general que en su momento pensó que la presidente emanada de Morena representaba una oportunidad real para cambiar la situación socioeconómica y política de la capital.
Acusan que la postura de Claudia Rivera sólo ha sido mediática, ya que, dicen, mientras asegura que cuentan con voluntad para buscar alternativas de solución a la reubicación de los vendedores del Centro Histórica, la realidad es que no ha tenido interés en dar solución al tema para que miles de familias trabajen amparadas en la Ley.
Enfatizaron que para el Observatorio Ciudadano Laboral Poblano, el mayor reto que hasta el momento ha incumplido la alcalde de Puebla es bajar la incidencia delictiva que creció durante ocho años de gobiernos panistas, así como el “negocio” que representó la privatización del agua durante la gestión del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
“En los últimos cinco años, el ex gobernador Rafael Moreno Valle se sirvió con “la cuchara grande” al privatizar por 30 años, y con la posibilidad de ampliarse hasta medio siglo, la administración del servicio del agua a la empresa Concesiones Integrales SA de CV, en la que también tendría recursos invertidos la familia Hank González”.
Es por ello que demandan al gobierno de la ciudad congruencia, porque al asumir el gobierno de la capital, como un movimiento emanado de la ciudadanía, debe de cumplir la reversión de la privatización del servicio del agua en Puebla.
Exigen también que la presidente municipal, regidores y funcionarios de primer nivel se bajen el salario al 50 por ciento, como sí lo han hecho otras administraciones de la coalición “Juntos haremos historia”.
Ejemplificaron con el gobierno municipal de Coronango, donde el presidente Antonio Teutli redujo su salario a la mitad, sin tener que pretextar que su sueldo es mucho menor que el del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
“Mientras un regidor de la capital gana 55 mil pesos mensuales -que muchos de ellos en su vida habían gozado de este sueldo-, no es justificante que el gobierno diga que no pueden reducirse el salario, cuando un obrero promedio gana dos salarios al día, es decir, un promedio de 4 mil 800 pesos al mes”.
Consideran el Observatorio Ciudadano Laboral, que existen dos hipótesis sobre el incumplimiento de estas promesas de campaña en los primeros 100 días de gobierno.
La primera tiene que ver con la falta de voluntad política por parte de la administración de Rivera Vivanco, y la segunda apunta a los presuntos acuerdos políticos que pactó la presidente con el grupo de Moreno Valle que la mantiene “atada de manos”.
Consideran los denunciantes que esta situación no sólo pone en riesgo la gobernabilidad en la capital de Puebla, la cuarta más importante a nivel nacional, sino además genera un desencanto que se verá reflejado en las elecciones del próximo 27 de enero en las juntas auxiliares.
En ese sentido dijeron pronunciarse en contra de la convocatoria de la elección en juntas auxiliares por violentar los usos y costumbres de las comunidades originarias de San Miguel Canoa y La Resurrección.
Es por ello que exigen a Claudia Rivera no ponga obstáculos a los candidatos, al imponer tres documentos que expiden instituciones públicas, como es la constancia de vecindad, antecedentes no penales y de no habilitación.
Denunciaron que los aspirantes debieron obtener estos tres documentos en menos de tres días, incluyendo este sábado y domingo, cuando estas dependencias estatales y municipales no laboran.
Dicen que pareciera que “le hace el trabajo sucio” al Partido Acción Nacional (PAN), al permitir que la derecha continúe teniendo el control de las 17 comunidades de la capital.
Aseguraron que permitir que las unidades habitacionales de la capital tengan derecho al voto en las juntas auxiliares, atenta contra los liderazgos locales y la organización política de la propia comunidad.
Hacen un llamado a Claudia Rivera para que asuma su responsabilidad y en definitiva gobierne Puebla. No queremos más novatos ni gente que no cuenta con capacidad para sacar adelante a la ciudad.
Finalmente dijeron solidarizarse con los 27 trabajadores sindicalizados rescindidos por el Ayuntamiento de Puebla, en la administración de Antonio Gali y Luis Banck, por lo que demandan a la alcaldesa que cumpla su promesa de analizar caso por caso y que iniciaría con la reinstalación de los afectados
